Finalmente no le tembló la mano al gobierno municipal de Ordes a la hora de aguantarle el pulso a los concelleiros nacionalistas Gonzalo Castro y Ramiro Recouso junto a la responsable local de Adega –y número 7 en las listas del BNG en las municipales de 2007- Montserrat Rey. Los hechos se remontan a finales de septiembre cuando una tala autorizada por la consellería de Medio Rural en un terreno colindante con el río Mercurín sirvió de base a los nacionalistas para acusar abiertamente al alcalde, el independiente Manuel Regos, de haber paralizado el PXOM “por motivos particulares” y que la tala estaba “relacionada” con un proyecto urbanístico “permitido y amparado” por las normas urbanísticas aprobadas en 1996, cuando Regos formaba parte del gobierno municipal como número dos del PP.Si no hay rectificación, habrá querella
La respuesta del gobierno no se hizo esperar y a las pocas horas lanzaba un comunicado informando que no tolerarían que se faltase a la verdad en el asunto, cuando la tala fue aprobada en última instancia por la consellería de Medio Rural, en manos del BNG. De no producirse una rectificación de los ediles, judicializarían el tema al sentirse calumniados.
El lunes, notario y después, acto de conciliación
Este miércoles, el alcalde no quiso confirmar la presentación de la querella criminal, pero sí dejó claro un traslúcido mensaje: el lunes los nueve miembros del gobierno municipal al completo se dirigirán al notario para levantar un poder para pleitos para acto seguido ofrecer a los ediles nacionalistas un acto de conciliación. Si la reunión no se produjera o fracasase, la decisión del cuatripartito alcanzada durante la xunta de goberno local será la de finalmente presentar querella criminal por calumnias, algo a lo que tanto Castro como Recouso ya han confirmado que no tienen el más mínimo temor.
El profundo malestar en el gobierno municipal por tan grave situación se ha hecho notar al unísono en todas las formaciones que lo integran (UxO, PSOE, TEGA y Nova Alternativa). Fuentes próximas a los concelleiros de gobierno no dudan en afirmar que de mantenerse esta “infundada” acusación de los nacionalistas, se les cerrarán las puertas de futuros pactos de gobierno que pudieran venir. “¿Sabes lo que pasó en Muros? Pues aquí también pasaría lo mismo”, decían.
¿Qué es un acto de conciliación previa?
No es ni más ni menos, que lo que su propio nombre sugiere, una reunión entre el acusador y el acusado y sus abogados para intentar buscar una solución amistosa sin tener que recurrir finalmente al juzgado. Es especialmente efectiva en demandas laborales, civiles y mercantiles.
En las cuestiones penales como es esta, el acto de conciliación sólo es preceptivo contra aquellas acusaciones donde la administración de justicia no pueda actuar por si misma -de oficio- por ser delitos o faltas en las que se requiera la denuncia explícita del ofendido, y estas son la injuria y la calumnia. En este caso podría no tratarse de un 'delito privado', pues la acusación se dirige contra una autoridad y sobre hechos concernientes al ejercicio de sus cargos. El Código Penal establece que en este supuesto, la fiscalía podría actuar por sí misma sin necesidad de querella o denuncia previa del agraviado.
¿Cuándo se podría decir que son calumnias las acusaciones de Castro y Recouso?
Para que Castro y Recouso finalmente pudieran ser condenados por un tribunal, habría de existir sentencia por la cual se probase, primero, que efectivamente, la acusación en sí fuera la imputación de un delito -en este caso y según anunciara Manuel Astray, tipificado en el artículo 332 del Código Penal -relativos a la flora y la fauna- y fuese hecha con conocimiento de su falsedad o desprecio de la verdad -es decir, que no consiguieran probarla-.
¿Qué pasaría si Castro y Recouso consiguieran probar la existencia de delito?
Judicialmente quedarían exentos de toda pena. Políticamente significaría el derrumbe del gobierno con el alcalde a la cabeza.
¿Y qué pasaría si el juez dictamina que sí hubo calumnias?
Judicialmente, y al haberse producido con publicidad, Castro y Recouso se expondrían a una pena de prisión de seis meses a dos años o multa de doce a 24 meses. En ningún caso entrarían en prisión. Políticamente, su prestigio quedaría tan dañado que irrevocablemente les conduciría a la dimisión como concelleiros del Concello de Ordes.
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